11/08/2025

Vivimos un momento de transición histórica en el orden económico global. El sistema que durante décadas garantizó cierta previsibilidad en las relaciones comerciales, basado en reglas multilaterales, instituciones autónomas y acuerdos diplomáticos, está siendo desplazado por una lógica más fragmentaria, transaccional y volátil. Los pilares que antes sostenían el consenso internacional —la liberalización comercial, la independencia de los bancos centrales y la fiabilidad de los datos estadísticos— ahora parecen más frágiles que nunca.

La política arancelaria, que antes respondía a criterios técnicos o estratégicos, se ha convertido en un instrumento explícito de presión geopolítica. No se trata ya de proteger industrias locales o equilibrar balanzas comerciales, sino de castigar conductas, disciplinar rivales o premiar aliados circunstanciales. Esto no solo ha desdibujado la frontera entre diplomacia y coerción, sino que ha generado un entorno profundamente incierto para empresas, inversores y gobiernos.

Algunos ejemplos son paradigmáticos. El caso de Suiza resulta particularmente ilustrativo: un país que históricamente ha sido símbolo de estabilidad, neutralidad y apertura económica, se ha visto súbitamente penalizado con aranceles de casi el 40%, sin justificación técnica aparente y sin que mediaran mecanismos formales de apelación o revisión. La reacción diplomática fue ignorada y las consecuencias económicas, inmediatas. Resulta inquietante comprobar cómo la lógica de castigo unilateral puede imponerse incluso sobre aliados tradicionales.

Algo similar ocurre con India, que pasó en cuestión de semanas de estar a punto de cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos a convertirse en blanco de nuevas sanciones. El detonante: sus importaciones de petróleo ruso. No importa que existieran negociaciones abiertas, ni que se hubiera generado buena voluntad. El uso de los aranceles como forma de presión refleja un cambio en la forma de concebir el comercio internacional: ya no como una red de compromisos recíprocos, sino como un tablero de fuerza donde el que tiene más poder impone su voluntad.

Y lo que se avecina no es menor. Sectores estratégicos como los semiconductores o los productos farmacéuticos, hasta ahora exentos, podrían ser objeto de nuevos gravámenes. Se habla incluso de tarifas del 100% sobre chips, salvo para las empresas que acepten relocalizar producción en territorio estadounidense. Esta condicionalidad selectiva, disfrazada de incentivo industrial, introduce distorsiones profundas y premia el oportunismo sobre la eficiencia. Al mismo tiempo, abre un precedente muy peligroso: la lealtad geoestratégica como criterio para definir el acceso a los mercados.

Pero lo más preocupante no es solo el qué, sino el cómo. La mayoría de estos aranceles se han impuesto apelando a poderes de emergencia, y han sido objeto de disputas judiciales que aún no se han resuelto. En este sentido, si las cortes federales invalidan el uso de estas herramientas, el Ejecutivo deberá encontrar otras vías legales para sostener su agenda, y podría incluso verse obligado a devolver ingresos recaudados bajo normativas ahora cuestionadas.

Más allá del frente comercial, hay un fenómeno aún más grave en marcha: la erosión deliberada de la independencia institucional. La destitución de la directora de Estadísticas Laborales bajo acusaciones infundadas de manipulación política, o la nominación de aliados presidenciales a cargos clave en la Reserva Federal, revelan un patrón claro. Lo que está en juego ya no es una diferencia de enfoque técnico, sino un intento sistemático de colonizar los órganos que producen y gestionan información crítica para la economía.

Esto tiene implicaciones graves. La credibilidad de los datos —sobre inflación, empleo, salarios— es esencial para que los mercados funcionen, para que las decisiones de política monetaria tengan legitimidad y para que la sociedad pueda evaluar el rumbo económico del país. Si esa confianza se quiebra, si los números empiezan a percibirse como herramientas políticas y no como diagnósticos imparciales, el deterioro será profundo y persistente.

En este contexto, resulta difícil hablar de "mercados libres" o de "instituciones independientes" sin caer en la melancolía. La combinación de proteccionismo agresivo, intervencionismo estratégico y colonización institucional redefine las reglas del juego. Ya no se trata solo de entender las dinámicas económicas, sino de anticipar e interpretar decisiones políticas, mientras intentamos adaptarnos a un entorno donde la certeza jurídica y normativa es cada vez más escasa.

No estamos ante una oscilación coyuntural, sino ante un cambio estructural. El orden que conocíamos se ha roto, y el nuevo aún no tiene forma definida. En este limbo, lo único claro es que la lógica de la excepcionalidad, la imposición y la fidelidad política ha reemplazado a la lógica de la norma, el multilateralismo y la institucionalidad. Y eso exige un nuevo tipo de lectura, de estrategia y, sobre todo, de lucidez.