Pacto de Toledo, ¿qué es?

Te contamos cómo ha repercutido este acuerdo sobre el sistema de pensiones español.
En España, el sistema de pensiones constituye uno de los pilares fundamentales del modelo de protección y bienestar social. A lo largo de los años, las autoridades políticas han tratado de hacer frente a los retos que puedan poner en peligro la sostenibilidad de esta estructura, modificando legislaciones y tomando medidas que garantizaran su buen funcionamiento. En 1995, con la vista puesta en el reto de la longevidad y con una importante crisis económica, se constituyó el Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria cuyo objetivo consiste en analizar el estado de las pensiones y proponer medidas para la mejora del sistema. En este artículo, te contamos en qué consiste el Pacto de Toledo y cómo ha repercutido sobre el presente y el futuro de las pensiones.
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Los inicios del Pacto de Toledo

En 1995, en vista de la inestabilidad a la que se enfrentaba el sistema de pensiones, los partidos del arco parlamentario español sellaron un acuerdo que supuso la constitución del Pacto de Toledo. Ese mismo año, la comisión del Pacto publicó un documento donde se analizaba la evolución y el estado de las pensiones y se establecía un conjunto de recomendaciones diseñadas para garantizar su futura sostenibilidad. Además de sentar las bases para futuras legislaciones y reformas en el ámbito de las pensiones, estas 15 recomendaciones iniciales dieron lugar a una serie de cambios relevantes en el sistema.

Por una parte, el documento estableció las diferencias entre las pensiones contributivas (financiadas a partir de las cotizaciones del trabajador) y las pensiones no contributivas (sufragadas mediante los Presupuestos Generales del Estado). Asimismo, se mantuvo la edad de jubilación en los 65 años, pero se recomendó promover la prolongación voluntaria de la vida laboral y se y instó a mantener el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del índice de precios al consumo (IPC).

Un año más tarde, el Gobierno y los principales sindicatos pactaron un acuerdo que dio lugar a la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Esta nueva normativa incrementó el número de años sobre los que se calculaban las pensiones (de 8 a 15) y motivó la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que fue constituido en el año 2000 con el objetivo de acumular recursos de cara a las épocas de debilidad económica.

Reformas posteriores

En los años posteriores a su constitución, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo mantuvo reuniones periódicas con el objetivo de actualizar la información sobre el estado de las pensiones y proponer nuevas medidas en función de los desafíos del momento.

En el año 2001, con el apoyo de la patronal y los sindicatos, el Gobierno impulsó una ley que incentivaba la jubilación más allá de los 65 años y permitía la jubilación anticipada a partir de los 61. Dos años después, la comisión parlamentaria publicó un nuevo documento que, además de ampliar el número de recomendaciones de 15 a 22, motivó la aprobación de una nueva normativa en 2007 por la que se modificaba el número de días efectivos de cotización utilizados para el cálculo la pensión y se aumentaba la edad límite de jubilación parcial hasta los 61 años.

De entre las reformas generadas a raíz del Pacto Toledo, una de las que presenta mayor trascendencia en lo relativo al futuro de los actuales trabajadores es la normativa referente al retraso progresivo de la edad de jubilación, que fue la aprobada en 2011 a través de la Ley 27/2011 que culminará en 2027: así, de acuerdo con lo establecido por esta norma, la edad de jubilación pasará a situarse en los 67 años, si bien se permite jubilarse con 65 años a quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses. Además, la nueva legislación también supone un aumento en el periodo de cotización exigido para acceder a la pensión máxima (de 35 a 37 años) y en el número de años sobre los que se calcula la pensión, que pasará de 15 a 25, donde quedará fijado en 2022.

Finalmente, en 2013, se aprobó el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que supone la desvinculación de las pensiones con el IPC, si bien este parámetro se ha aparcado los años 2018 y 2019 para volver al IPC, y se introdujo un factor de sostenibilidad que se espera que entre en vigor en 2023.

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El futuro del Pacto de Toledo

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo se ha vuelto a reunir recientemente con el fin de buscar soluciones ante uno de los problemas más apremiantes de la actualidad: el inminente agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este caso, el objetivo radica en tratar de encontrar vías de financiación alternativas que permitan conservar la estabilidad del sistema. Aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo, algunas de las propuestas incluyen el establecimiento de impuestos específicos o la utilización de una partida de impuestos ya existente.

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