¿Qué hacer en caso de embargo de un plan de pensiones?

Te explicamos bajo qué circunstancias tu plan de pensiones puede ser embargado y cómo enfrentarte a ello

Por norma general un embargo se asocia a las cuentas corrientes o a las viviendas pero, ¿qué ocurre si una persona no tiene ingresos pero sí un plan de pensiones? ¿Puede darse el embargo de un plan de pensiones? La respuesta es sí, pero con varios matices.

Un plan de pensiones es un mecanismo de ahorro privado a largo plazo pensado para complementar la pensión por jubilación de la Seguridad Social. Atendiendo a esta definición, se entiende que los fondos del plan de pensiones no se pueden rescatar hasta el momento de la jubilación de su beneficiario. Sin embargo, existen una serie de contingencias que permiten acceder a esos fondos antes del momento de la jubilación:

  • Incapacidad.
  • Dependencia.
  • Situación de desempleo de larga situación.
  • Enfermedad grave.
  • Fallecimiento.
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Reglamento de Planes y Pensiones

Una vez explicadas las circunstancias especiales que posibilitan el rescate de los fondos del plan de pensiones, es necesario saber qué sucede con los fondos mientras el plan permanece activo. El Reglamento de Planes y Pensiones establece que mientras el dinero permanece invertido no se puede embargar ni someter a ninguna otra traba judicial o administrativa. De esta forma, mientras no saquemos los fondos para disfrutar de ellos, el dinero invertido en el plan de pensiones puede seguir revalorizándose y generando beneficios.

Lo recogido en el Reglamento de Planes y Pensiones supone una posibilidad para aquellas personas que estén en una situación económica complicada pero no crítica. Si una persona tiene dificultades financieras pero puede mantener los fondos de su plan de pensiones sin rescatar, estos tienen la posibilidad de generar beneficios y aumentar el saldo del que se podrá disfrutar cuando llegue el momento de la jubilación o se produzca alguna de las contingencias por las que se puede liberar antes de esa fecha.

Sin embargo, cuando se habla de inversiones y leyes nunca es blanco o negro. El gris de la posibilidad de embargo de un plan de pensiones viene con el Reglamento que dice que “los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que sean disponibles (...), por corresponder a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad”.

Circunstancias en las que se puede embargar un plan de pensiones

La modificación del Reglamento de Planes y Pensiones recogida en el correspondiente BOE, abre una serie de posibilidades para que el embargo de un plan de pensiones sí sea posible.

Mientras que la condición de los fondos invertidos como un dinero intocable permanece vigente, si se ejecuta una orden de embargo por insolvencia del partícipe del plan de pensiones, el banco actúa de la siguiente manera: cuando la entidad gestora recibe la orden de embargo, realiza una anotación de la orden judicial que implica que si dentro de, por ejemplo, 15 o 20 años el partícipe va a cobrar el plan de pensiones, es en ese momento en el que se podrá embargar. Siempre será mediante una orden judicial o administrativa, y nunca el banco u otra entidad o persona física o jurídica podrá dar instrucciones para el embargo.

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Sin embargo, las contingencias extraordinarias de acceder a los fondos y la última modificación del reglamento abren otra vía de actuación para el banco que le ahorra tiempo de espera hasta el momento legal de ejecutar el embargo. Si el partícipe del plan se encuentra en una situación legal de desempleo de larga duración, o está incapacitado para la vida laboral por padecer una enfermedad grave, el banco, siempre mediante la orden judicial correspondiente, puede acceder a embargar el plan si el beneficiario decide voluntariamente rescatarlo acogiéndose a alguna de estas contingencias extraordinarias.

En lo que concierne al plazo de diez años de antigüedad, es importante entender que la modificación del Decreto entró en vigor en enero de 2015. Como se especifica que los fondos a los que se puede acceder tienen que tener una antigüedad de diez años, se entiende que estas medidas se empezarían a aplicar en 2025. Pero de momento, ni la Ley ni el Reglamento contemplan esta medida de actuación extraordinaria para este supuesto.

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